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EL TIEMPO en Logrosán
Lo recortes del PP se hacen notar en Logrosán. El CGPJ propone reducir de 21 a 7 los partidos judiciales de Extremadura.
A pesar de llevar más de un siglo de existencia y de que sus nuevas instalaciones apenas si acaban de ser inauguradas, el edificio quedará cerrado y abandonado por cese de su actividad.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy remitir a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) su propuesta para reducir de 21 a 7 los partidos judiciales de la región, de modo que los 14 de la provincia de Badajoz se quedarían en 5 y los 7 de Cáceres en 2.
Esta decisión se incluye dentro de la propuesta de reducir de 431 a entre 190 y 200 los partidos judiciales de España, para que estos órganos puedan realizar las aportaciones que consideren oportunas.
En la provincia de Badajoz, la propuesta del CGPJ propone agrupar en un solo partido judicial los 12 juzgados de Badajoz y Olivenza; los 6 de Mérida-Montijo, los 8 de Villanueva de la Serena, Don Benito, Castuera y Herrera del Duque, los 5 de Zafra, Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra y Montijo, y los 4 de Almendralejo y Villafranca de los Barros.
En cuanto a la provincia de Cáceres, la propuesta es agrupar, por un lado, los 11 juzgados de Cáceres, Trujillo, Valencia de Alcántara y Logrosán, y por otro los 8 de Plasencia, Coria y Navalmoral de la Mata.
Según los datos facilitados por el CGPJ, los partidos judiciales de Badajoz cuenta con 35 juzgados, que atienden a una población de 692.137 habitantes, mientras que los 19 de los partidos judiciales de Cáceres atienden a una población de 415.083 habitantes.
El diseño, según el documento aprobado, contempla una «agrupación» de los actuales partidos judiciales en localidades de más de 100.000 habitantes, cifra que ahora es de 50.000, siguiendo criterios geográficos, políticos y económicos.
La nueva distribución, en opinión del Consejo, además de ayudar a conseguir una Justicia más eficaz y eficiente, es necesaria en un contexto de crisis económica, en el que actualmente la puesta en funcionamiento de un juzgado tiene un coste medio de 350.000 euros.
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