La Junta de Extremadura quiere aplicar a nivel regional el Plan de Viviendas Sociales de Logrosán

Esto al menos es lo que cree el PP que hoy se ha felicitado de que su criticado plan local sea la inspiración para el proyecto que quiere llevar a cabo el gobierno regional.

Una de las viviendas adquiridas por el Ayuntamiento de Logrosán para su alquiler social

Una de las viviendas adquiridas por el Ayuntamiento de Logrosán para su alquiler social

En nota enviada a este diario, el grupo político de la oposición logrosana apunta a una información aparecida en el Periódico Extremadura según la cual la Junta ha solicitado a varios consistorios donde puede haber demanda, un listado de casas ya construidas. Si lo ve viable, sacaría un pliego para comprar los inmuebles y se extendería al resto de consistorios.

Según informa el periódico regional, comprar viviendas que ahora están vacías puede salir más rentable que construir promociones de vivienda pública. Por eso, la Administración regional ya está chequeando las casas particulares sin uso que sean susceptibles de ser vendidas en aquellos municipios donde sabe que hay más demanda de viviendas sociales que oferta.

Un equipo del Observatorio de la Vivienda, dependiente de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y formado por profesionales de distintos ámbitos y una decena de agentes que realiza el trabajo de campo, está analizando las posibilidades de adquirir viviendas en varias ciudades y municipios extremeños. De momento, han pedido información a varios ayuntamientos, que ya están recopilando información sobre las viviendas vacías disponibles en sus pueblos para facilitar el trabajo.

Según explican desde la consejería, la posibilidad de comprar viviendas ya construidas «es la manera más rápida y eficaz de paliar las necesidades de vivienda de la población extremeña». Dichas viviendas deben cumplir una serie de requisitos establecidos legalmente y deben tener «un precio inferior a lo que costaría a la Junta la construcción de una vivienda de esas mismas características, a fin de optimizar los recursos de la comunidad». La directora general de Vivienda señaló recientemente que hacer una vivienda social de nueva promoción puede llegar a costar entre 72.000 y 80.000 euros, mientras que adquirirla puede salir por algo menos de 40.000 euros, aunque depende de la localidad.

De momento, el trabajo se centra en elaborar un listado de viviendas susceptibles de ser adquiridas en base a los parámetros fijados por la Administración extremeña. Este equipo tiene hasta final de año para realizar este trabajo de campo antes de que la consejería tome las decisiones oportunas si la propuesta de compra es viable. «Si así fuera, la posibilidad se haría extensiva a todos los ayuntamientos de la comunidad. Para ello, redactaríamos un pliego en el que se pudieran establecer las características y condiciones para dichas adquisiciones», detallan fuentes de la consejería. En principio, la Administración baraja la opción de comprar las casas vacías que necesitaran pequeñas reformas y ofrecer esas nuevas viviendas que pasarían a ser del parque público en alquileres sociales, aunque no descarta otras opciones.

Pero en cualquier caso, cualquier acción en este sentido se llevaría a cabo previsiblemente ya el próximo año, puesto que la encomienda al equipo que está recabando toda la información posible sobre la situación actual de la vivienda en la comunidad tiene hasta finales de este año para relizar el trabajo de campo.

Este equipo no solo se está encargando de buscar viviendas para comprar, sino también está recogiendo datos para conocer la situación actual y real del parque de viviendas de promoción pública. En este sentido, también está recabando información sobre si los actuales propietarios de las viviendas sociales de la Junta estarían dispuestos a comprarlas.