Su aplicación se aprobó en el último pleno municipal, el pasado 28 de diciembre.
Una nota breve enviada por el portavoz del grupo socialista quiere quedar claro que la aplicación de la ley se aprobó con el voto en contra del Partido Popular. La nota, firmada por el alcalde Juan Carlos Hernández, recuerda además que desde su publicación en el boletín oficial de la provincia se abre un periodo de 30 días para que los vecinos y vecinas puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas.
La aplicación supondrá la retirada de placas que hagan alusión a la dictadura y que estén situadas en lugares públicos; además serán retiradas las fotos de los alcaldes anteriores a la democracia que ahora cuelgan de las paredes del salón de Plenos. Los placas y otro elementos retirados de la vía pública y del salón de Plenos pasarán a los fondos del archivo histórico municipal.
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