Dos condenados tras hallar en su finca de Zorita 31 vacas muertas y 700 desnutridas

Se les ha impuesto una pena de trece meses de prisión e inhabilitación especial para la tenencia y para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

Imagen de archivo

HOY. El Juzgado de lo Penal N° 1 de Cáceres ha condenado a un hombre y una mujer por un delito continuado de maltrato animal, después de que el Seprona hallase en explotaciones ganaderas de su titularidad en la localidad cacereña de Zorita más de 700 cabezas de ganado bovino en condiciones de desnutrición severas y extrema delgadez, y 31 cadáveres de estos ejemplares que murieron por inanición.

En concreto, han sido condenados a la pena de trece meses de prisión e inhabilitación especial para la tenencia y para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, excepto actos relacionados con la transmisión, venta o traspaso de animales a terceros y para la tenencia de animales durante dos años y seis meses, así como al pago de las costas procesales, según la sentencia facilitada por el TSJEX.

La misma es firme al haber manifestado las partes su voluntad de no recurrirla.

En ellas se declara como hechos probados que los acusados son titulares de dos explotaciones ganaderas ubicadas en la finca denominada La Rinconada, de la localidad de Zorita, que a fecha de noviembre de 2017 contaba con 774 cabezas de ganado bovino a nombre de la acusada y 289 a nombre del acusado.

En torno a los meses de verano y otoño del año 2017, debido a la escasez de lluvias, una de las charcas de la finca que abrevaba al ganado comenzó a disminuir sus reservas y el pasto natural de la dehesa empezó a escasear para alimentar a todos las cabezas de ganado bovino, que empezaron a encontrarse con grandes dificultades para cubrir sus necesidades diarias de alimentación.

Los acusados, conociendo esta situación, no adoptaron durante todo este tiempo las medidas necesarias para asegurar las condiciones adecuadas de alimentación y salud de los animales, al no proporcionarles el heno, pienso ni agua necesaria para complementar los recursos naturales.

Esto devino en una situación dramática entre los meses de noviembre de 2017 a enero de 2018, en la que cerca de las 700 cabezas de ganado que pastaban en la parte norte de la finca se encontraban en condiciones de desnutrición severa, con un deficitario estado corporal de delgadez extrema al no disponer de alimentación, agua ni asistencia veterinaria suficiente.

Esta situación afectó a su movilidad y muchos de los animales permanecían acostados en el suelo sin poder levantarse. Tenían un andar lento y pesado, y se les marcaban los huesos del tórax y cuartos traseros.

Ante la ausencia de medidas por parte de los acusados, que visitaban casi diariamente la explotación, con el transcurso de los días los más debilitados físicamente fueron muriendo.

En una inspección ocular en la finca el 22 de noviembre de 2017, agentes del Seprona observaron el deplorable aspecto que presentaba la ganadería en general y hallaron 19 cadáveres de varios ejemplares (muchos de ellos hembras, incluida una parida), cuyos cuerpos permanecían aún intactos al ataque de los necrófagos y que mostraban signos de extrema delgadez.

En posteriores inspecciones, los agentes comprobaron que la ganadería seguía mostrando los mismos signos de delgadez extrema y que animales agonizantes que se encontraban tirados en el suelo en visitas anteriores ya habían fallecido.

Con todo ello, entre noviembre de 2017 a enero de 2018, un total de 31 ejemplares de ganadería bovina murieron en la explotación por inanición y ausencia de cuidados veterinarios.

En la sentencia se incide en que los acusados eran conocedores de las consecuencias que para la salud física del ganado conllevaba la falta de pasto suficiente en la finca y ausencia de alimentación suplementaria, ya que desde 2009 se les habían incoado varios expedientes sancionadores por mantener animales en estado de desnutrición con resultado de muerte.

Además, por auto de fecha de 22 de mayo de 2018 se acordó como medida cautelar designar como depositarios de los animales que se encontraron en la explotación a los acusados, con la obligación de permitir la rendición de cuentas del estado de salud de sus animales, a los veterinarios funcionarios públicos de la Junta. Diario HOY

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