La Fiscalía pide 5 años de prisión para Isabel Villa

El fiscal solicita cinco años de prisión para la exalcaldesa de Logrosán por un delito continuado de malversación de caudales públicos.

Isabel Villa durante un Pleno en su etapa de alcaldesa.

EL PERIÓDICO EXTREMADURA. Según el escrito de la Fiscalía, precisamente debido a su condición de alcaldesa, era beneficiaria de dos tarjetas suscritas por el Ayuntamiento de Logrosán con Liberbank y que ella utilizó para gastos y operaciones privadas. Estos movimientos fueron realizados en los años 2010, 2012, 2013 y 2014 y de ellos, según considera el fiscal, «no se ha dejado constancia alguna en la contabilidad municipal» mediante factura u otro justificante similar.

De las investigaciones que ha llevado a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se desprende que la exalcaldesa gastó más de 4.000 euros con estas tarjetas. Pagó por ejemplo 1.000 euros en la tienda ‘Franki mercadillo’, de Cáceres; 181 euros en Flores Becedas y sacó más de 2.000 euros en efectivo. Muchos de estos gastos los hizo en un periodo en el que estuvo fuera del ayuntamiento al estar de baja médica, como un curso en la Uned que le costó 275 euros, curso que finalmente no se desarrolló pero no consta ningún apunte bancario de devolución de dicho pago; o una comida en el Hostal La Bamba de Navalmoral de la Mata que le costó 261 euros.

Del mismo modo el Ministerio Público le acusa de otro delito continuado de prevaricación administrativa por dar luz verde a la creación de un parque de viviendas sin llevar a cabo un procedimiento de adjudicación pública. Según el fiscal la exalcaldesa, «pese a estar informada verbalmente por el secretario interventor en funciones de aquella época de que no estaba cumpliendo con los requisitos legales», decidió continuar con la creación del parque público de viviendas firmando 22 certificados que autorizaban la compraventa de inmuebles que iban a formar parte de estas viviendas sociales.

YA LE ADVIRTIÓ / El interventor le advirtió de que aquello no se ajustaba a derecho porque no existía ninguna providencia de alcaldía ni expediente administrativo alguno que detallara la valoración técnica inicial para la dotación presupuestaria, un acuerdo plenario, una valoración social para el estudio de los posibles beneficiarios, proyectos de reformas,… Todos ellos documentos necesarios para este tipo de relaciones comerciales.

Según las investigaciones se cree que Villa creó un entramado de empresas con el fin de obtener contraprestaciones. Una de las empresas gestionadas por ella, Logrosvilla, vendió tres casas al ayuntamiento precisamente para ampliar este parque público de viviendas. Con esta operación obtuvo un beneficio de 168.000 euros. Para facilitar estas operaciones previamente, en una junta de gobierno, se acordó autorizar a la alcaldesa (a ella misma) para que pudiera formalizar cualquier tipo de documento privado o público, pero se saltó la ley de contratos. El Ministerio Público pide asimismo que indemnice al Ayuntamiento de Logrosán con 8.184 euros. INFORMACIÓN LITERAL DE EL PERIÓDICO EXTREMADURA. Sira Rumbo Ortega.

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