Enrique Ordiales
El alcalde de Logrosán, Juan Carlos Hernández, considera que las justificaciones de la exalcaldesa condenada por prevaricación, malversación y negociaciones prohibidas, Isabel Villa, “son, como mínimo, patéticas”, y pide al PP de Logrosán que la repruebe públicamente.

Juan Carlos Hernández, actual alcalde de Logrosán
En una nota remitida a LAD, Hernández niega “una persecución política y una campaña de acoso y derribo” contra la exalcaldesa. “Al contrario: en todo momento ha sido tratada con mesura y prudencia. Si nuestra intención hubiera sido destruirla política y personalmente no se habría facilitado ningún adelanto de dinero a la asociación Femar”, señala.
El actual alcalde considera que “lo que ha quedado meridianamente claro en la sentencia es que Isabel Villa ha delinquido y ha sido una alcaldesa corrupta”. Además, indica que “si ella se consideraba inocente, debería haber defendido su presunta inocencia a capa y espada. Nadie la obligó a llegar a un acuerdo negociado, y más teniendo en cuenta que la Fiscalía no apoyaba a la acusación particular en el delito de negociaciones prohibidas”.
En una entrevista a LAD, Villa explicó que iba preparada para defenderse, “pero en el proceso estaba inculpado también mi marido. Él no está acostumbrado a estos temas ni a estos problemas, y me parecía muy cruel que por una decisión mía él se viera involucrado en esto”, aseveró. “Me hubiera gustado defenderme, pero tenía que sopesar más el interés familiar que mi propio interés y mi propio ego. Me considero inocente pero no he considerado oportuno defenderme”, concluyó la exalcaldesa.
Sin embargo, Hernández contesta pidiéndole a Villa que “se relea la sentencia. No se puede afirmar que se ha ejercido el cargo de alcaldesa dignamente cuando ha sido condenada por corrupción política en el ejercicio de su cargo”.
Por ello, el actual regidor pide al PP de Logrosán que reprueben públicamente “los hechos constitutivos de delitos y condenados como tales por el Tribunal competente” si quieren alejar de sí mismos la sospecha “de connivencia con la corrupción”.
COSTE DEL PROCESO
El alcalde también responde ante los gastos que ha supuesto al Ayuntamiento llevar la acusación particular y del resto del procedimiento. “Villa mezcla churras con merinas cuando refiere que en el año 2018 llevábamos gastados 40.000 euros. Esos eran los gastos globales que se habían facturado hasta la fecha por distintos profesionales para diversas causas y no solo del procedimiento que nos ocupa”, matiza.
“El primer abogado fue contratado por un periodo de 18 meses y tenía firmado un contrato a razón de 1.000 euros mensuales más IVA (lo que hace un total de 21.780 euros) a lo que hay que sumar lo facturado en el procedimiento de la Plaza de las Artezuelas”, que no terminó en condena, y por el que cobró “unos 3.000 euros”.
“La letrada posteriormente contratada facturó entre marzo de 2017 y febrero de 2020 un total de 17.500 euros más IVA”, afirma Hernández en la nota.
ACUSACIONES DE MALA GESTIÓN
El político socialista “recuerda” a la exalcaldesa “que ella contrató a un letrado amigo suyo por una reclamación contra el Ayuntamiento por un accidente ocurrido durante de un festejo taurino organizado por la Corporación Municipal que presidía”, una contratación innecesaria según Hernández, porque estaba cubierto por el seguro de la empresa y el Ayuntamiento. “Por esa contratación innecesaria tuvimos que pagar en nuestra legislatura 12.000 euros más IVA a su amigo abogado”, remarca Hernández.
Además, el actual alcalde también señala a la antigua regidora que “gracias a su ‘buena gestión’ tuvieron que pagar más de 45.000 euros en concepto de multas y recargos de Hacienda y Seguridad Social por incumplimiento en los pagos”.
“Por si no se acordaba, se gastó más de 100.000 euros en un terreno propiedad de Adif (la estación de ferrocarril) cuando tan solo tenía un permiso de limpieza en la zona”, prosigue. “Y, por último, recordarle también que tanto en su época de alcaldesa como después en la oposición se negaron a reclamar a la empresa propietaria de las cuatro plantas termosolares el canon urbanístico que habían liquidado incorrectamente en su legislatura”. Al final, según el socialista, este canon se abonó mediante terrenos “y no monetariamente”.
En este punto, Hernández señala que no quiere entra ahora “en la curiosa y distinta valoración de los terrenos a los diferentes propietarios de la Sierra de San Cristóbal adquiridos por la empresa propietaria de las termosolares” que luego utilizó el Ayuntamiento para justificar el pago del canon.
“Por tanto, no se debe hablar de cuenta de gastos contra Isabel Villa. Esos gastos han sido necesarios para demostrar que algunas de las actuaciones ilegítimas que se le imputaban eran ciertas”, concluyó Juan Carlos Hernández en su nota.
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